Dos sujetos armados a bordo de una motocicleta mataron a tiros en el estado mexicano de Veracruz a Manuel Hernández, que aspiraba a una candidatura a una diputación local por el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
También en Veracruz, acribillaron a balazos el lunes a Andrés Valencia Ríos, exalcalde del municipio de San Juan Evangelista. En ese mismo estado, el 27 de enero, Alejandro Naredo, presidente del Comité Municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Cuitláhuac, perdió la vida tras ser atacado.
Jaime Vera Alaniz, que aspiraba a presentarse como candidato del Partido Verde Ecologista a la alcaldía de Mascota, en Jalisco, fue asesinado a principios de este mes en Guadalajara. En un lapso de 24 horas, en enero fueron asesinados los políticos Alfredo Giovanni Lezama Barrera, en el estado de Morelos; Sergio Hueso, en Colima, y David Rey González, en Chiapas.
Faltan nombres de la lista. Sin embargo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó la posibilidad de que los grupos del crimen organizado intervengan y afecten el desarrollo de las campaña para las elecciones generales del 2 de junio. «No vemos nosotros que se desate la violencia política-electoral», aseguró.
Sus palabras contrastan con el informe divulgado por la entidad Citibanamex, titulado ‘Elecciones 2024: los riesgos de la violencia político electoral’, que alerta de que a partir de 2018 el número de agresiones y asesinatos políticos «se ha incrementado tan significativamente» que, este año, las autoridades electorales nacionales mostraron su preocupación «por el riesgo de que la violencia política impida el ejercicio libre y pacífico del voto ciudadano».
Impunidad de los Cárteles
El informe recuerda que organismos internacionales, autoridades electorales y partidos políticos se han referido a la impunidad con la que los cárteles intervienen cada vez más en la competencia electoral, especialmente en el ámbito local. «No solo financiando a candidatos alineados con sus intereses, sino intimidando y eliminando a actores políticos opuestos», indica.
En la misma línea, el estudio del Laboratorio electoral, ‘Violencia Electoral proceso 2023-2024’, señala que desde el 4 de junio de 2023 hasta 7 de febrero hubo 50 casos de violencia electoral, de los cuales 33 resultaron en homicidios, y entre ellos, 16 buscaban algún cargo en las elecciones.
«En promedio han sido asesinadas por mes más de tres personas relacionadas al proceso electoral», asegura. Los asesinatos por violencia electoral se han registrado en 13 de las 32 entidades federativas, siendo Guerrero la entidad con mayor incidencia, seguido de Veracruz y Michoacán.
Además, en 2018, el PRI fue el partido con el mayor número de víctimas electorales mortales, pero en 2021 y, hasta la fecha, en 2024, Morena ha registrado la mayor cantidad de víctimas: cinco.
Estos datos se unen a la investigación ‘Votar Entre Balas’, de Data Cívica, que documentó que desde 2018 a lo que va de 2024, se han registrado 1.657 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.
«En México, la violencia electoral se ha convertido en una herramienta del crimen organizado para influenciar la vida pública de estados y municipios», afirma.
El estudio alerta de que «el clima de violencia generalizada puede poner en jaque la transición pacífica del poder en varias regiones del país y que, además, se va a convertir en un reto titánico para las autoridades responsables tanto del desarrollo del proceso electoral como de garantizar la seguridad de las y los candidatos y la ciudadanía en general».
Ante esta ola de violencia, el Instituto Nacional Electoral (INE) acordó con el Gobierno un plan de seguridad para los candidatos a las elecciones.
México enfrentará este año la elección más grande de su historia, unos comicios que también representarán el fin del mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Casi 100 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir presidente, ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la capital, 128 senadores, 500 diputados federales, 31 congresos locales, 1.580 ayuntamientos, 16 alcaldías y 24 Juntas municipales.
Nunca antes se habían puesto en juego tantos cargos en una sola jornada.
Con información de actualidad.rt.com