La Comisión de Seguridad aprobó el dictamen para que Javier Corral, César Peniche, Emilio García Ruiz y Fernando Mesta cuando salgan de su encargo, puedan tener escoltas, sin embargo la medida de protección se podrá utilizar si los interesados piden esa protección.
El dictamen se aprobó con tres votos a favor y una abstención.
Una vez que los funcionarios pidan la protección se hará un análisis de riesgo de parte de la Fiscalía General del Estado y si ese análisis define que deben tener protección, se les otorgará y se revisará cada seis meses si el riesgo aún continúa.
Georgina Bujanda, presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso expresó que no se le niega la protección a ningún funcionario y que fue con asesoría de especialistas que decidieron dar para adelante a esta ley, en donde Control de Análisis y Evaluación de la Fiscalía tomará la decisión, pero no solo para los que van a salir, sino para los que van a entrar y estar en activo.
“Esta ley será general, impersonal y abstracta”, insistió.
Los artículos de esa ley que votarán los diputados en el pleno dicen:
«Artículo 305. El Estado, previo análisis de riesgo, podrá otorgar protección y seguridad durante el tiempo que duren en su encargo, al gozar de licencia o después de haber concluido el mismo, a quienes realice o haya realizado actividades relacionadas con la seguridad pública, procuración e impartición de justicia, que, en razón de su empleo, cargo o comisión asuman riesgos en el desempeño de sus funciones, siempre que se justifique mediante el dictamen de análisis de riesgo.
Cuando exista peligro inminente para la familia del servidor público y se determine así en el análisis de riesgo debidamente elaborado, se podrá autorizar la extensión de esta protección en la proporción adecuada.
Artículo 306. La Fiscalía Especializada de Análisis, Control y Evaluación, será la instancia competente para realizar el análisis de riesgo y emitir el dictamen correspondiente para determinar que se le brinde seguridad a la parte interesada. Dicho dictamen se realizará mediante investigación de campo y de gabinete, evaluará por lo menos factores de probabilidad de peligro, riesgo o daño, vulnerabilidad, amenazas, umbral de riesgo objetivo y conclusiones.
Así mismo, esta Fiscalía con base en el análisis de riesgo, deberá precisar los recursos humanos y materiales que podrán ser asignados a la custodia y establecerá la temporalidad de esta protección.»
Por lo anterior, se subirá al Pleno del Congreso del Estado para aprobar la ley y posteriormente se publique en el Periódico Oficial.
Bujanda expresó que con esta ley ahora se definen mecanismos para los funcionarios que estén en activo tengan protección correcta, pues lamentablemente en ocasiones son flancos de ataques.
Con la nueva legislación, los exfuncionarios públicos que necesiten de protección con escoltas podrán tenerlos siempre y cuando la dirección de Control de Análisis y Evaluación de la Fiscalía a través de un dictamen técnico determine amenazas reales o haya peligro para el servidor público.
Información el Tiempo