Rafael Espino de la Peña propone que se articulen todas las herramientas y documentos para promover un ambiente de ética en el desempeño del servicio público
La corrupción en México, “lastimosamente”, es un tema que ha estado presente por mucho
tiempo en la agenda pública, siempre acompañado por conductas como la impunidad, el
soborno y el tráfico de influencias, aseguró el senador Rafael Espino de la Peña.
Por ello, el legislador de Morena presentó una iniciativa para establecer en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, que todos los entes públicos promuevan una “política de
integridad”, que sirva como un instrumento fundamental para el combate a la corrupción.
Dicha política, explicó Espino de la Peña, estaría encaminada a articular todas las
herramientas y documentos para promover un ambiente de ética en el desempeño del servicio
público.
Consideró que este mecanismo sea adoptado inicialmente por los entes fiscalizadores, es
decir, las entidades que integran el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de
Fiscalización, es decir, la Auditoria Superior de la Federación, la Secretaría de la Función
Pública, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y sus respectivos pares en los estados
del país.
Es necesario que los entes fiscalizadores, en su papel de generadores de las políticas
públicas en materia de combate a la corrupción, cuenten con una política de integridad, ya
que ellos son los encargados de elaborar y actualizar las reglas o disposiciones para la
vigilancia, control y combate a la corrupción, expresó el senador.
Posteriormente, precisó, todo ente público referido en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, debe implementar su política en la materia, desde las cabezas de sector, los
órganos desconcentrados, organismos descentralizados, empresas productivas del Estado y
los órganos constitucionalmente autónomos y toda entidad que utilice recursos públicos.
Espino de la Peña señaló que es incongruente que la Ley General de Responsabilidades
Administrativas sólo se dirija a los particulares para contar con una política de integridad y que
los entes públicos no estén obligados a tener la propia.
Puntualizó que es fundamental coadyuvar en la creación de un ambiente ético en la
administración pública y dotar de bases normativas a las políticas de integridad para su
correcta aplicación y valoración y así avanzar en la implementación de acciones orientadas a
combatir la corrupción en México.
La iniciativa fue enviada a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y
Participación Ciudadana y de Estudios legislativos, Primera.
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