Las bancadas del PAN en el Senado y la Cámara de Diputados preparan la presentación ante la Suprema Corte de Justicia de una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que entraron en vigor y que obligan a los propietarios de celulares a registrarse en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y proporcionar todos sus datos de identificación, entre ellos los biométricos, es decir, huellas dactilares y faciales.
De acuerdo con la ley, los usuarios de 122 millones de líneas telefónicas móviles que están en servicio tendrán un plazo de dos años para registrarse, y quienes a partir de ayer y en adelante contraten el servicio de celulares, deberán estar en seis meses en el padrón.
El senador del PAN Damián Zepeda confió en lograr que la Corte frene esa reforma que, a su juicio es inconstitucional, ya que, dijo, vulnera derechos establecidos en la Carta Magna, la cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, excepto por un mandato de la autoridad judicial.
El grupo del PAN, declaró, prepara la acción de inconstitucionalidad que deberá presentarse ante el máximo tribunal y está en pláticas con PRI, MC y PRD para integrar un proyecto conjunto, ya que los demás integrantes del Foro Opositor en el Senado están también en contra de esa reforma, que permite a la Secretaría de Seguridad y otras autoridades acceder al padrón sin mandato judicial.
El dirigente nacional del blanquiazul, Marko Cortés, destacó que dicho listado lo único que hace es vulnerar la privacidad y la seguridad de las personas.
Señaló que se ha dicho que esa medida tiene el propósito de mejorar la seguridad de la población, pero puede resultar mucho más peligroso que cuenten con toda “nuestra información. Así como hoy es fácil que la delincuencia tenga los padrones de telefonía, también va a ser muy fácil que adquiera ese padrón de usuarios”, indicó en gira en Chiapas. Zepeda expuso que están seguros de reunir más de las 43 firmas que se requieren para presentar ese recurso, ya que la ley se aprobó con apenas cinco votos de diferencia.
Según la reforma, los ciudadanos deberán enfrentar procesos penales en caso de que alguien use su línea telefónica para cometer delitos.
Fuente: La Jornada